Cuando no se respeta la dignidad de la persona

El otorgamiento de licencias extraordinarias por enfermedad en el sistema educativo ha sido tema de controversias desde tiempos casi inmemoriales. El Estatuto del Docente, que establece esos beneficios, estuvo más de una vez a punto de ser modificado, en ocasiones como moneda de canje o condición para conceder otros logros.

Por eso, la aprobación oficial de dichas licencias extraordinarias se encuentra bajo la lupa de innumerables funcionarios y especialistas. Pero esa lupa, a través de la cual esos inexpertos vienen creyendo desde antaño que lograrán la transparencia, la justicia y la eficiencia, no alcanza para neutralizar la miopía crónica, y mucho menos para sortear la ineptitud. Tampoco sirve, tal como están instaurados los controles, para evitar la corrupción o la mala fe.

Para comenzar a entender, sería mucho mejor que, al menos por un día, dejaran la lupa y los asientos cómodos de sus despachos con aire acondicionado. Convendría que se sacrificaran siquiera una vez acompañando a un paciente bajo licencia médica extraordinaria. La “Junta Médica” (?) los cita cada mes (sí; ha leído bien: cada mes), cualquiera sea la gravedad de su dolencia, para que la estructura burocrática, enfermiza y equívocamente “justiciera”, le garantice al Estado Republicano y Democrático y al pueblo sufrido, que dicho paciente, efectivamente, está enfermo.

Corrupción y abuso, hay y habrá

No vamos a negar que la corrupción es un virus que bien puede atacar aquí también. Si contagia a ocupantes de cargos electivos (ciudadanos elegidos y pagados por el pueblo), a políticos y a gremialistas, ¿por qué no habría de infectar de vez en cuando a uno que otro docente ávido de unos inmerecidos días de descanso? Pero también hay docentes -y son la mayoría de los que se ven obligados a gestionar licencias- que están enfermos de verdad. Y entonces, como ocurre siempre, pagan justos por pecadores, como se verá. Y no será ésa la estrategia para evitar licencias mal habidas.

Nada mejor que relatar un caso concreto. Se trata de una docente que ejerce en un establecimiento educativo de la provincia de Buenos Aires, cuyos demás datos no se revelan, ni se revelarán, por el respeto que merece la privacidad y la dignidad de toda persona humana. Respeto y dignidad que el aparato burocrático jamás supo tener en cuenta.

En junio de 2000, uno de los equipos médicos más reconocidos del país le diagnosticó a esta persona una “metástasis ósea de adenocarcinoma mamario”. Para llegar a tal conclusión, tras largos y penosos estudios de todo tipo y carácter, fue sometida a una biopsia de hueso. Luego se le extirpó el tumor maligno y comenzó el tratamiento oncológico (quimioterapia, etc.) determinado por los especialistas. Al poco tiempo, tuvo que sorportar otra intervención quirúrgica para colocarle una prótesis en el fémur de la pierna izquierda, con el fin de que no perdiera la posibilidad de caminar normalmente.

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